La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la Ley 31018, que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local, brinda confianza a los inversionistas de que el Perú mantiene su institucionalidad, afirmó el profesor de Centrum PUCP Graduate Business School, Alejandro Indacochea.
Sostuvo que la postura asumida por el TC es muy positiva para la economía, en momentos en que se están realizando esfuerzos para afrontar las consecuencias de la expansión de la covid-19 tanto a nivel nacional como internacional.
“Es una buena señal para los inversionistas porque demuestra que en el país hay institucionalidad, pese a la crisis política causada por iniciativas populistas por parte del Congreso”, comentó a la Agencia Andina.
De acuerdo con el TC, la exoneración en el pago de peajes interviene en contratos de concesión que son contratos-ley, con lo cual desacata el mandato del segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución, según el cual estos “no pueden ser modificados legislativamente”.
Igualmente estableció que la norma en cuestión infringe también la Constitución al prohibir la compensación correspondiente al concesionario por la afectación causada, desconociendo los derechos, obligaciones y mecanismos de compensación estipulados en los contratos de concesión.
Indacochea fue enfático en manifestar que esta decisión demuestra que en el país hay un orden establecido y que el respeto a las instituciones prima sobre cualquier idea, proceso o propuesta que trate de imponerse sin criterios técnicos.
“En el Perú no se puede tomar decisiones arbitrarias. Hay instancias e instituciones que hacen prevalecer las leyes y respetar los acuerdos. Con la inconstitucionalidad de la ley que suspende el cobro de peajes se crea un precedente importante que esperemos sea tomado en cuenta en el futuro”, refirió el economista.
En ese sentido, expresó su confianza en que el TC también actúe de la misma manera cuando, de presentarse el caso, el Poder Ejecutivo eleve el pedido de inconstitucionalidad de la reciente norma que permite el retiro de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Indacochea comentó que pese a escuchar las opiniones de expertos y entendidos en el tema, el Parlamento insistió en aprobar una norma sin criterio técnico alguno, lo que al final terminará perjudicando a quienes dicen proteger.
“El Congreso está tomando decisiones sobre gasto público, algo que no le compete por expresa prohibición de la Constitución”, manifestó.
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(FIN) VLA/JJN